Madrid, España. Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desalojo de la vivienda donde había vivido durante más de siete décadas provocó una movilización nacional por el derecho a la vivienda, murió este miércoles en Madrid.
Abascal permanecía ingresada en el Hospital Gregorio Marañón desde el 23 de septiembre, cuando fue expulsada de su apartamento en el barrio de Retiro. Su desahucio, ejecutado después de varios intentos fallidos, desencadenó manifestaciones, una acampada en la Puerta del Sol y una fuerte presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez.
La causa de su muerte no había sido informada oficialmente al momento de conocerse el fallecimiento. Reuters reportó que la mujer había sido hospitalizada tras el desalojo y que su estado se deterioró posteriormente.
De vivir 70 años en el mismo hogar a salir en camilla
Maricarmen llevaba prácticamente toda su vida en un piso de unos 90 metros cuadrados en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en Retiro. El contrato original había sido firmado por su padre en 1956 y posteriormente pasó primero a su madre y después a ella.
La vivienda estaba bajo el régimen de los llamados alquileres de renta antigua, que permitía mantener condiciones económicas muy inferiores a las actuales. Maricarmen pagaba alrededor de 500 euros mensuales.
El conflicto comenzó cuando la propiedad del inmueble cambió de manos y la empresa Urbagestión cuestionó la continuidad del contrato. La disputa llegó a los tribunales y terminó con una resolución favorable a la empresa propietaria.
La compañía llegó a plantear alquileres de hasta 1.650 euros mensuales, una cantidad superior a la pensión de aproximadamente 1.400 euros que recibía Maricarmen.
Después de varios intentos de desalojo suspendidos por la presión social, el cuarto terminó ejecutándose el 23 de septiembre. La mujer salió de su vivienda en silla de ruedas y posteriormente fue trasladada en camilla a un hospital.
El acuerdo llegó, pero demasiado tarde
La enorme repercusión del caso obligó a la empresa propietaria a modificar su posición.
Días después del desahucio, Urbagestión aceptó un acuerdo que habría permitido a Maricarmen regresar a su vivienda mediante un nuevo contrato y con un alquiler similar al que pagaba anteriormente. El acuerdo contemplaba un contrato de ocho años.
Pero el regreso nunca ocurrió.
Desde el hospital, Maricarmen todavía envió mensajes de respaldo a las personas que protestaban por su situación y pidió que continuaran defendiendo el derecho a la vivienda.
El Sindicato de Inquilinas lamentó su muerte y sostuvo que el acuerdo alcanzado para permitirle regresar llegó demasiado tarde.
Un desahucio que terminó sacudiendo la política española
El caso dejó de ser únicamente una disputa entre una inquilina y una empresa inmobiliaria.
Miles de personas se movilizaron en distintas ciudades españolas y cientos instalaron un campamento de protesta en la Puerta del Sol de Madrid. Las movilizaciones colocaron la crisis de vivienda en el centro del debate político nacional.
El Gobierno de Pedro Sánchez intentó impulsar medidas urgentes relacionadas con la vivienda. Sin embargo, dos decretos fueron rechazados en el Congreso el 1 de octubre.
Días después, Sánchez anunció el adelanto de las elecciones generales para el 29 de noviembre. Paralelamente, organizaciones sindicales y colectivos de vivienda convocaron una huelga general para el 11 de noviembre.
La muerte de Maricarmen volvió a llevar a cientos y miles de manifestantes a las calles de Madrid. Reuters informó que las protestas posteriores al fallecimiento incluyeron consignas que responsabilizaban simbólicamente al sistema de vivienda por su muerte, aunque no existe una determinación oficial que establezca que el desahucio fue la causa médica de su fallecimiento.
Un caso que se convirtió en símbolo
La abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, cuestionó públicamente el impacto que tuvo el proceso de desahucio sobre la salud de su clienta y sostuvo que el deterioro físico había sido evidente durante los distintos intentos de expulsarla.
Las autoridades españolas también reaccionaron a su muerte. Pedro Sánchez expresó sus condolencias a la familia, mientras representantes del Gobierno destacaron la dimensión humana de su historia. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pidió que su fallecimiento no fuera utilizado con fines partidistas.
Maricarmen murió sin regresar al apartamento en el que había pasado más de 70 años.
Su historia, sin embargo, ya había trascendido su caso particular. El desahucio de una mujer de 87 años terminó convirtiéndose en uno de los episodios más visibles de la crisis habitacional española y en un catalizador de protestas que ahora continuarán después de su muerte.
