La ofensiva contra las pandillas en Haití, respaldada por una empresa militar privada dirigida por Erik Prince, enfrenta cuestionamientos por las muertes de civiles registradas durante ataques con drones en zonas densamente pobladas. La operación busca debilitar a los grupos armados que mantienen el control de sectores de Puerto Príncipe, pero también ha abierto interrogantes sobre el uso de la fuerza y la responsabilidad por las víctimas.

La empresa Vectus Global, fundada por Prince, opera en Haití desde marzo de 2025 bajo un acuerdo con el Gobierno haitiano. Su participación incluye el apoyo a las fuerzas de seguridad mediante drones armados utilizados contra presuntos integrantes de organizaciones criminales.

Más de 1,200 muertos en ataques con drones

Un informe publicado en marzo de 2026 por Human Rights Watch (HRW) documentó al menos 1,243 personas muertas y 738 heridas en 141 operaciones con drones realizadas entre el 1 de marzo de 2025 y el 21 de enero de 2026.

Entre las víctimas mortales había al menos 60 civiles, incluidos 17 niños. La organización también identificó a adultos que, según la información recopilada, no pertenecían a grupos criminales.

Estas cifras abarcan el conjunto de las operaciones analizadas y no deben atribuirse exclusivamente a Vectus Global. HRW relacionó los ataques con una fuerza de tarea especial creada por las autoridades haitianas, que opera con apoyo de la compañía privada.

Uno de los casos documentados ocurrió el 20 de septiembre de 2025, cuando un dron con explosivos detonó cerca de un complejo deportivo y cultural en el barrio de Simon Pelé, en Puerto Príncipe. Según la investigación, murieron diez personas que no pertenecían a grupos criminales, entre ellas nueve niños de entre tres y doce años.

La organización advirtió que algunos ataques podrían constituir ejecuciones extrajudiciales y pidió investigaciones transparentes para determinar las circunstancias de las muertes y establecer posibles responsabilidades.

¿Quién responde por las operaciones?

La participación de contratistas privados plantea preguntas sobre la cadena de mando y los mecanismos de supervisión. Aunque Vectus Global respalda las operaciones de seguridad, la fuerza de tarea responsable de los ataques está vinculada a las estructuras del Gobierno haitiano.

Human Rights Watch indicó que envió solicitudes de información al primer ministro haitiano, a la Policía Nacional y a Vectus Global para conocer sus respuestas a los hallazgos, pero no recibió contestación al momento de publicar su investigación.

El organismo sostiene que las autoridades deben aclarar quién autoriza los ataques, cómo se seleccionan los objetivos y qué procedimientos se aplican para proteger a la población civil. También reclama que se investiguen las muertes potencialmente ilegales y que las familias afectadas puedan acceder a la justicia y a reparaciones.

La discusión no se limita a la eficacia de los drones para combatir a las pandillas. También abarca las obligaciones legales de las fuerzas estatales y de los contratistas privados que actúan en su nombre.

Haití busca contener a las pandillas

La operación se desarrolla en un contexto de profunda crisis de seguridad, con grupos armados que mantienen una presencia significativa en Puerto Príncipe y otras zonas del país. La debilidad institucional y las dificultades de las fuerzas nacionales han impulsado la búsqueda de apoyo externo para recuperar el control territorial.

El Gobierno haitiano ha defendido las operaciones como parte de sus esfuerzos para combatir a las organizaciones criminales. Sin embargo, las denuncias sobre víctimas civiles muestran los riesgos de emplear fuerza letal en barrios poblados sin garantías suficientes de protección y rendición de cuentas.

El desafío para las autoridades consiste en enfrentar a las pandillas sin exponer a la población a nuevos peligros. El balance de estas operaciones dependerá tanto de sus resultados en materia de seguridad como de la capacidad de esclarecer las muertes, prevenir daños a civiles y establecer responsabilidades cuando se hayan cometido abusos.