La Universidad de Cornell enfrenta una nueva crisis interna después de que salieran a la luz cuestionamientos sobre la manera en que fue investigada una denuncia de violación grupal presentada por una exalumna en 2024.

El caso volvió al centro de la atención pública tras una demanda civil presentada por la mujer, identificada en los documentos judiciales como Jane Doe. En ella sostiene que fue agredida sexualmente en una casa de la fraternidad Chi Phi y acusa a la universidad y a otras entidades de haber fallado en su protección y en la respuesta posterior a la denuncia.

La controversia aumentó después de conocerse que una entrevista realizada por la Policía de Cornell contenía una declaración de la denunciante en la que afirmó estar completamente segura de haber sido violada. El fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, aseguró posteriormente que nunca había visto la transcripción de esa entrevista antes de que su oficina decidiera no presentar cargos.

Ese elemento se convirtió en uno de los principales puntos de cuestionamiento sobre la investigación original. Según los registros citados por CNN, los fiscales recibieron una declaración escrita más breve y no la transcripción completa de la entrevista policial. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, señaló que la aparición de nueva información había debilitado su confianza en la capacidad de la fiscalía local para manejar el caso.

Ante la creciente presión pública, Hochul designó a la fiscal general del estado, Letitia James, como fiscal especial para hacerse cargo de la investigación. Van Houten había reabierto previamente el expediente, pero terminó apartado del proceso estatal mientras se realiza la nueva revisión.

La universidad también quedó en el centro de las críticas. El presidente de Cornell, Michael Kotlikoff, calificó las acusaciones de profundamente inquietantes y reconoció que la institución debe mejorar su respuesta frente a la violencia sexual. Cornell anunció además una revisión independiente de la manera en que manejó inicialmente la denuncia.

El conflicto ya trasciende las oficinas administrativas. Estudiantes y miembros de la comunidad universitaria participaron en un foro en el que exigieron mayor transparencia, rendición de cuentas y cambios en la forma en que Cornell responde a las denuncias de agresión sexual.

Mientras tanto, el caso también ha generado un ambiente hostil alrededor de algunas de las personas involucradas. El abogado de Jane Doe denunció que su clienta ha recibido amenazas destinadas a presionarla para que retire la demanda. La propia denunciante ha sido objeto de intentos de revelar públicamente su identidad, pese a que utiliza un seudónimo en los procedimientos judiciales.

La investigación estatal deberá determinar ahora qué ocurrió durante el proceso original, qué información estuvo disponible para los investigadores y por qué determinados elementos no llegaron a manos de los fiscales antes de que se tomara la decisión de no presentar cargos.

El caso ha convertido a una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos en escenario de un debate mucho más amplio sobre la responsabilidad de las instituciones educativas, las fraternidades y las autoridades ante las denuncias de violencia sexual.

Por el momento, las acusaciones continúan siendo objeto de investigación y las personas señaladas no han sido declaradas culpables de los hechos denunciados.